La Junta Local de Seguridad crea una mesa de violencia de género

La Junta Local de Seguridad, en su última reunión, acordó adherirse al Protocolo de colaboración y coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de violencia de género y de género de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

Una Junta Local de Seguridad, presidida por el alcalde de Puertollano, Joaquín Hermoso Murillo, que contó con la participación del subdelegado del Gobierno, Miguel Lacruz, así como de representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en la que se creó una mesa técnica de violencia de género de la que forman parte Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Local. En ella se establecerán los mecanismos de colaboración de los cuerpos de seguridad para actuar frente a la violencia de género, mayor información de los casos y seguimiento de las órdenes de búsqueda y captura y alejamiento.

El objetivo de este protocolo es establecer los criterios de colaboración y coordinación que permitan optimizar los recursos humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existentes en el término municipal para garantizar el cumplimiento eficaz de las medidas judiciales de protección a las víctimas de violencia de género.
    
Colaboración
La colaboración se materializará en proporcionar a las víctimas una respuesta policial de la mayor rapidez y eficacia en las situaciones de riesgo; proporcionar una respuesta policial de la máxima sensibilidad, calidad y eficiencia en la atención y protección a las víctimas y evitar las actuaciones que suponen un incremento de la victimización, especialmente la duplicidad de intervenciones.

Asimismo se proporcionará a la víctima información clara y accesible sobre los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004 y los recursos existentes para la efectividad de tales derechos en el ámbito territorial correspondiente; se facilitará la transmisión entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y los órganos judiciales de toda la información relevante para la protección de la víctima y garantizar la coordinación y colaboración policial con los recursos públicos y no gubernamentales dedicados al apoyo jurídico y psicosocial a las víctimas.