El delegado provincial de Trabajo y Empleo, Luis Díaz-Cacho, presentaba ayer el balance de la actividad del Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha durante 2009, acompañado por el secretario general de este organismo, Victoriano Tera; el secretario general de Ceoe-Cepyme, Álvaro Maldonado; y los secretarios provinciales de CC OO, Felipe Pérez, y de UGT, Juan Jiménez Contreras.
Los datos del balance, expuestos por Victoriano Tera, indican que este organismo tuvo un amplio éxito en la resolución de conflictos colectivos. De los 44 expedientes que le fueron planteados durante el año, que afectaban a un número idéntico de empresas y a 3.077 trabajadores y que suponían un 13% más que los tratados en 2008, consiguió poner fin a un 97,7% (43). Asimismo, algo más de un 51% de los conflictos quedó resuelto con un acuerdo entre ambas partes.
De estos conflictos colectivos, explicó Tera, 26 estaban relacionados con la aplicación o interpretación de un convenio o acuerdo; 16 llevaban aparejada la posibilidad de una huelga, y uno tenía que ver con la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Los sectores que más conflictos plantearon ante el Jurado Arbitral fueron el de limpieza, el de transportes y el de cemento.
El último ejercicio también marcó una novedad con respecto a los anteriores: por primera vez, el Jurado Arbitral asumía la mediación en los conflictos de carácter individual. Desde el 11 de junio de 2009, fecha en la que asumió esta competencia, el órgano intercedió en 22 conflictos de estas características en la provincia.
De estos expedientes, más del 80% (18) fueron finalizados al término del año; un éxito más limitado que el conseguido a nivel regional. Además de eso, tan sólo un 25% de los casos en la provincia acabaron en acuerdo entre el trabajador y la empresa.
Beneficios
Tanto los representantes sindicales como los de la patronal subrayaron los beneficios que la labor del Jurado Arbitral conlleva para los empleados y los empresarios. Felipe Pérez destacó que acudir a él “se ha convertido en un hábito general”, y que su actividad ha crecido en el último año pese a un contexto nada favorable que combina la crisis, las tirantes relaciones entre patronal y sindicatos, y la tradicional judicialización de las relaciones laborales en España. Tanto Pérez como Jiménez Contreras resaltaron la necesidad de potenciar la extensión del uso de esta herramienta;
El secretario provincial de UGT enfatizó además el ahorro de dinero que supone para los empresarios frente a la vía judicial, un punto que también fue mencionado por Maldonado, y la respuesta rápida que ofrece a las demandas de los trabajadores. Por su parte, el representante empresarial puso el acento en el incremento de capacidad de negociación que supone para esta institución la asunción de competencias sobre los conflictos individuales. |
FOTO: MAYTE GARCÍA
